COORDINACIÓN ENTRE PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL: VITAL PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE BCS.
*Secretario General de Gobierno, se reunió con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. de BCS.
En el marco de la colaboración interinstitucional, entre los Poderes: Ejecutivo y Judicial de Baja California Sur; el Secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo; sostuvo encuentro de trabajo con el titular del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, Daniel Gallo Rodríguez; con quien abordó temas relacionados con el fortalecimiento de las áreas encargadas de procurar e impartir justicia.
Acompañado del Secretario de Seguridad Pública, Germán Wong López; reiteró la importancia de continuar reforzando acciones, que se vienen implementando de manera conjunta, entre los Poderes Públicos; a fin de brindar certeza a las y los sudcalifornianos en esta vital área, como lo es la justicia.
“Estamos convencidos que el fortalecimiento de nuestras instituciones, nos dará como resultado consolidar el Sistema de Justicia Penal en Sudcalifornia, ya que sólo la coordinación y unión de esfuerzos, nos permitirán seguir avanzando en este renglón”; expresó De la Peña Angulo.
Precisó que, en BCS, se trabaja con total apego a la legalidad y siempre respetuosos del Estado de derecho, con el firme objetivo de alcanzar esa meta en común, que es otorgar certidumbre a la ciudadanía en todo proceso penal, donde se vean involucrados; por lo que el contar con instituciones fuertes y confiables es y sigue siendo, una de las tareas a las que le ha apostado la actual administración estatal en coordinación con los Poderes.
Álvaro De la Peña, refrendó el compromiso de la administración, de continuar uniendo voluntades y acciones con el Poder Judicial, con la única finalidad de avanzar en nuestro marco legal y en la impartición de justicia.
Durante este encuentro, se contó con la presencia de las cuatro áreas operadoras del Sistema de Justicia Penal: PGJE, Consejería Jurídica, SSPE y Poder Judicial; tocaron temas con enfoque en: seguridad jurídica, coordinación interinstitucional y operatividad por mandatos judiciales.