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AHORA, LA IMPUNIDAD EN LOS DELITOS AMBIENTALES

Escrito por Alejandro Daniel Álvarez Arellano en Martes, 18 Octubre 2016. Publicado en Columnistas, Opinión, Periodismo

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Hace dos meses en este espacio denunciamos la contaminación al ambiente que se generaba por gigantescas fugas de aguas negras por el rumbo de la colonia Miramar en el sur de la ciudad de La Paz. Una de estas fugas, la más notable, se conducía por el cauce del arroyo que nace en la colonia Tabachines y luego fluye hacia el poniente cruzando las colonias Misiones, Diana Laura y La Pitaya, entre otras,  perdiéndose por filtración en las planicies contiguas a los terrenos del aeropuerto.

Durante diez semanas de forma permanente, es decir noche y día, millones de litros de aguas negras se liberaron a este cauce como resultado de desperfectos no atendidos en la red de drenaje de las colonias referidas. Colonos denunciaron en diversos medios este hecho hasta que por fin hace unos días se detuvo el flujo de este río de aguas hediondas.

En aquella denuncia publicada en este medio se decía lo siguiente “En un recuento breve de las consecuencias de este delito ambiental se pueden citar: 1. Contaminación de las aguas subterráneas por filtración a profundidad, 2. Contaminación del suelo. 3. Contaminación del aire al secarse el suelo y levantarse en forma de polvo las colonias de bacterias dejadas por las aguas negras. 4. Contaminación del agua potable….dado que la saturación del subsuelo con aguas negras permite que éstas se filtren a la tubería de agua potable cuando se encuentran vacías –varios días a la semana, por cierto-”.

El delito ambiental no ha sido castigado ya que la Comisión Nacional del Agua, bajo cuya judisdicción están estos cauces, no realizó la demanda formal correspondiente contra el municipio, responsable del delito ambiental.  Y la denuncia ciudadana, como se sabe, no es merecedora de crédito por las procuradurías de protección ambiental. Pero la impunidad del delito no reside sólo en la falta de castigo por la negligencia del organismo municipal operador del agua sino también porque este organismo operador tampoco será obligado a restaurar la calidad del ambiente alterado por la gigantesca fuga, obligación contemplada para quienes incurren en delitos de esta naturaleza.

Los organismos municipales de agua potable y saneamiento desde tiempos inmemoriales han sido franjas de poca o nula transparencia en el manejo de recursos financieros, han sido la caja chica para la solución de otros problemas municipales y lógicamente descapitalizan al órgano regulador para el cumplimiento de sus funciones. Lo que no justifica que transgredan la ley ni en el suministro de agua potable ni en el adecuado manejo de las aguas residuales.

La impunidad delincuencial no sólo es manifiesta en sus aspectos más crueles y violentos que afectan a nuestra entidad sino también en actos cotidianos como la falta de observancia de las elementales normas oficiales de calidad ambiental del aire, del agua y del suelo. Otro hecho lamentable es la actitud de las innumerables organizaciones ambientales que mantienen un silencio cómplice cuando el problema no les representa negocio o cuando sus financiadores son los propios responsables del delito ambiental. Entonces voltean para otro lado y emiten declaraciones flamígeras ante problemas de otros países o de otros continentes, donde sí son implacables verdugos. Así se tejen en todos los ámbitos las redes de la impunidad.

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