ALZA EN TARIFAS DE TRANSPORTE

Como sucede religiosamente cada año, los concesionarios del servicio público de transporte urbano han pedido a las autoridades municipales una “actualización” de las tarifas. Podemos adelantar que esa solicitud será respondida afirmativamente por la autoridad, eso que ni qué. Como religiosamente ha sucedido las últimas décadas. La mecánica será la siguiente. Los concesionarios piden un aumento exorbitante –este año es subir de diez a quince pesos el viaje- para regatear un aumento que puede quedar en trece pesos, como si fuera trato entre marchantes (en realidad sí lo es). Un treinta por ciento de aumento no estará mal para los sensatos y solidarios concesionarios. A cambio prometerán, como siempre, renovar la chatarra que pomposamente llaman “parque vehicular” y respetar el descuento a estudiantes. También harán un “estudio muy serio” sobre reorganización de rutas, cortesía al conducir y trato decente al usuario. Se echará a andar la pesada maquinaria aplanadora: Foros de consulta, Consejo municipal de transporte, Comisión de transporte del cabildo, Asociaciones de transportistas, Comités de colonias populares, la sociedad civil representada por organizaciones no gubernamentales salidas de la nada, y se llegará a un consenso para ejecutarse al usuario. Final feliz.

Ahora veamos otra cara de la moneda. El tema de la movilidad de las personas en las ciudades de todo tamaño tienen invariablemente una misma conclusión: incentivar el uso del transporte colectivo público haciéndolo cómodo, barato y eficiente. Nuestros teóricos sudcalifornianos del urbanismo como se sabe van en sentido contrario, han propiciado un aumento explosivo en el uso del automóvil privado gracias a la existencia de un transporte público caro, incómodo e ineficiente. Si sólo miraran un poco más allá de sus narices las autoridades y los empresarios del transporte se percatarían de que en nuestras ciudades sudcalifornianas sobreviven los métodos más primitivos de transportación: vehículos caducos de baja capacidad y rutas endemoniadamente laberínticas. Lógicamente el costo por kilómetro se encarece, los vehículos se pasan gran parte del tiempo en el taller de reparación, los motores viejos son más contaminantes y tienen pésimos rendimientos. Pero, no importa, el usuario paga esa ineficiencia. La carestía e ineficiencia del transporte público repercute directamente en el bienestar familiar y en la calidad ambiental. Una familia de cuatro miembros que use el transporte público para realizar sólo un viaje redondo por día gastará (a precios actuales) ochenta pesos diarios, un salario mínimo en números redondos. Según los expertos en finanzas personales, una familia no debe gastar más del 20 por ciento de sus ingresos en transporte. Esto quiere decir que una familia de cuatro miembros que sólo realice cuatro viajes redondos por día debería tener ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos. Sin considerar los costos sociales por la pérdida de tiempo producto del mal diseño de rutas. El alto precio del transporte paceño es factor de empobrecimiento de las familias. Además, el alto número de motores viejos funcionando emite una cantidad desproporcionadamente alta de gases de combustión contaminando la atmósfera. Pero claro, eso a los transportistas les tiene sin cuidado. No se tiene que inventar el hilo negro para instrumentar medidas que en otras ciudades han mostrado su efectividad: sistemas de transporte de altos aforos (masivos), rutas primarias rectas y rápidas, rutas secundarias de alimentación de las primarias, boleto único para transferencias entre rutas, servicios express de rutas primarias con pocos paraderos, horarios fijos, paraderos oficiales únicos,  tarifa reducida para estudiantes y grupos vulnerables. ¿Qué dicen los partidos políticos este asunto? Nada, porque viven en otro mundo, el de sus propios beneficios. Cuando tienen oportunidad estimulan el uso del automóvil privado de una élite, por ejemplo cuando cacarearon la eliminación del pago de tenencia  que evidentemente sólo favoreció a un sector reducidísimo de la población, donde están ellos por cierto. Se olvida que el transporte público colectivo es una concesión que la autoridad otorga a un particular para ofrecer ese servicio, si no le es negocio al particular que lo deje y lo retome el municipio. Pero todo esto, como se ha visto durante décadas es un mundo ajeno a los transportistas, a los partidos políticos y a sus protectores, las autoridades gubernamentales. Mientras el usuario apechugue.