ANULAR EL VOTO, UNA OPCIÓN II

En el texto anterior se exponía lo siguiente “…Otra medida sugerida es la de anular el voto como una forma de expresar la inconformidad con el desempeño de la clase política y de los partidos…”. Lógicamente que para quienes se sienten representados o satisfechos con el desempeño del sistema político y con los personajes que ahí actúan votarán por alguna de las propuestas. La anulación del voto se plantea como una posibilidad, entre otras, para aquellos que han decidido reprobar la calidad de los candidatos y las alternativas partidistas que se nos presentan.  La posibilidad de éxito de esta medida, si se quiere calificar de romántica o inefectiva, es poca si se considera que enfrenta una maquinaria que funciona con miles de millones de pesos de dinero público y una cantidad no sabida pero equiparable de dinero privado de origen ilícito. Con esa masa de dinero se han echado a andar millones de spots de radio y televisión, entrevistas, carteles, declaraciones de intelectuales, programas de análisis políticos, y un larguísimo etcétera en el sentido de votar por un partido o candidato. Cada quien valorará las razones de uno u otro lado. Las razones expuestas en este texto –y en el anterior- no aspiran a realizar proselitismo en torno a una agrupación “anulista” (que así califican a los partidarios de la anulación del voto) o de boicot electoral, por el contrario, en el marco de los recursos legales se intenta revisar si hay algo mejor que votar por el “menos peor”.

¿Qué caracteriza a estas elecciones? Las campañas nacionales de los partidos han prevalecido sobre sus campañas específicas estatales o municipales, salvo excepcionales casos. Ello ha impedido conocer incluso los nombres de todos los candidatos a diputados de los distritos, de los candidatos a gobernador y a las presidencias municipales de todos los partidos en la contienda. Recuérdese que son diez partidos nacionales y en nuestra entidad además existe un partido estatal. El referente principal entonces son esas campañas nacionales no sólo por su presencia en los medios de  comunicación masivos sino por su abundancia y repetición hasta el hastío. En ellas se insiste no sólo en recurrir a denigrar la capacidad de los rivales sino en prometer o postular medidas que no son facultad de un partido como “subir los salarios”, o en combatir la corrupción cuando ellos mismos han postulado a los corruptos enredados en escándalos interminables, o en tener la fórmula mágica de dar seguridad y justicia después de varios años de fracasar en ello o en continuar el acedo sistema de prebendas, dádivas y limosnas que afianzan el corporativismo y la incultura política. Los hay también que sacan el discurso mesiánico de ser los salvadores y la esperanza de México. Y los que simplemente piensan en hacerse ricos con una franquicia partidista que puedan sostener al menos unos pocos años.

A este panorama se le añade el aderezo de la desprestigiada –por ellos mismos- imagen de la autoridad electoral. He aquí el fragmento de una conversación telefónica capturada a Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE): “No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había uno, no mames, no te voy a mentir, te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. ‘Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados, para nosotros, oh, yo no permitir tus elecciones’. No mames, cabrón. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón pero, no mames, vio mucho Llanero Solitario, con eso de Toro, cabrón, no mames, cabrón. Ya nada más le faltó decir ‘Yo, gran jefe Toro Sentado, líder de gran nación chichimeca’. No, no, no. Está de pánico, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón. Pero bueno”. La patanería del director del INE, al que se le cataloga como “intelectual progresista”, no admite mayor demostración. Pero no acaba aquí el deterioro de la autoridad electoral. Hace tres semanas el INE otorgó registro como candidato a diputado federal a Marcelo Ebrard postulado por la franquicia llamada Movimiento Ciudadano para otorgarle fuero y evadir la acción de la justicia en su contra. El Tribunal Electoral negó el registro demostrando que el candidato había violado la ley electoral al ser postulado como precandidato de manera simultánea por el PRD y MC. La semana pasada el mismo Ebrard y su parapeto electoral insistieron en la postulación pero ahora como candidato suplente en una clara maniobra para intentar sacarle la vuelta a la legalidad. El INE le otorgó nuevamente el registro y el Tribunal Electoral nuevamente tuvo que intervenir para negárselo.

El terreno está preparado para hacer de las próximas elecciones un campo de batalla en tribunales electorales. Es previsible que los partidos se vayan en masa a solicitar el desconocimiento de los resultados que no les favorezcan y pretextos tendrán muchos. Entre ellos el deterioro de la propia autoridad electoral y de la propia ley. Además del evidente rebase de los montos de financiamiento, falta que será motivo muy recurrido de las próximas controversias, la Ley General de Delitos Electorales establece la penalización a quienes llamen a no votar por un candidato o partido así como a quienes llamen a boicotear las elecciones. Ambas transgresiones se han ejercido por grupos de ciudadanos sin ninguna consecuencia para ellos. En el sur del país, muy particularmente en Guerrero, se ha amenazado incluso con impedir de manera violenta la instalación de casillas electorales. En nuestra entidad otros ciudadanos abiertamente llaman a no votar por candidatos o partidos específicos. En ninguno de los casos ha intervenido la autoridad electoral siquiera para reconvenir a los transgresores.

La propuesta de anular el voto no está impedida por la ley, y se distingue de la abstención y del boicot en que éstas últimas se confunden con la apatía o desinterés por atender al proceso electoral y son un desacato claro a las instituciones. La anulación del voto exige asistir a la casilla y ejercer el derecho a expresar ahí en la propia boleta la inconformidad con los candidatos y partidos ahí estampados. Quien sienta que el proceso electoral en su conjunto y que alguno de los candidatos o partidos representa sus anhelos e intereses, allá él. Yo anularé mi voto.