Crónicas Sudcalifornianas: EL CONFLICTO SNTE-GOBIERNO DE BCS

El paro y la huelga son medidas extremas que ocasionalmente han de tomar los trabajadores para ejercer la presión necesaria con el objetivo de ver cumplidas sus demandas por la parte patronal. Cabalmente nadie participa con gusto en movimientos de esta naturaleza, a los que se llega inevitablemente ante el registro de atropellos a la ley y el derecho.

 

La situación que en este sentido se hallan enfrentando los trabajadores de la educación en Baja California Sur sólo tiene un origen: el uso indebido que ha hecho el gobierno estatal de los fondos que son retenidos de sus cheques quincenales a los maestros y el personal de apoyo a la educación.

Es decir que esas aportaciones, que deberían ser enteradas puntualmente a las instancias que otorgan a éstos diversas prestaciones (vivienda, seguros y los propios ahorros sindicales, entre las principales), han sido dispuestas por la administración pública local para otros fines, de manera que cuando los trabajadores pretenden hacer uso de los servicios a que tienen legítimo derecho (porque pagan por ellos), se encuentran con que están impedidos de hacerlo pues el patrón ha tomado ese dinero para efectuar sus propios gastos.

Eso tiene en la ley el nombre genérico de malversación de fondos, que significa desviación de recursos hacia destinos diferentes, sin que de primera intención haga referencia a hurto, aunque tampoco sea descartado una vez que se detecta la sustracción indebida a efecto de que sea aplicada la sanción correspondiente.

Luego de establecido el diálogo de las partes laboral y gubernamental para dirimir el conflicto derivado de la sustracción ejercida por éste y la suspensión de los beneficios sufrida por aquélla, la administración estatal convino con el sindicato el pago correspondiente en un plazo que llegó a su término sin que la parte afectada viese cumplido el compromiso.

La comunidad sudcaliforniana tiene muchas y repetidas pruebas de la responsabilidad laboral de profesores y empleados de la SEP, y a todos consta que son los primeros en lamentar el malestar que producen las acciones que  su organización sindical ha debido tomar para la satisfacción de sus reclamos, aunque hay segmentos de la población que ignoran la causa de ellas y concluyen en que quienes exigen sus derechos lo hacen simplemente porque encontraron un pretexto para negarse a trabajar.

Ha habido incluso miembros del personal de algunas escuelas que, ante el apremio de los padres de familia han optado por presentarse a trabajar; lamentablemente adquieren por eso el feo estigma de esquiroles.

El gobierno federal se ha negado con toda razón a resolver económicamente el problema, pues ello está fuera de sus atribuciones, aunque el secretario del ramo haya accedido a tomarse la foto con el ejecutivo de la entidad perturbada por los hechos referidos, lo cual de ninguna manera significa que el erario nacional vaya a financiar la deuda que se pretende endosarle.

Se ha sugerido que la secretaría de Haciende sufragase la reestructuración de la deuda en cuestión, pero eso significaría el incremento del ya enorme débito que traspasará la presente administración a la que sigue, y que al final de cuentas sería pagada, como siempre, con nuestras contribuciones.