DERECHOS INDIVIDUALES, OTRA DEUDA DE LOS PRESIDENCIABLES

Los candidatos a la presidencia de la república, y en general a todos los puestos de elección que están en disputa, siguen caminando por el camino fácil de la promesa de dádivas por descabelladas que sean sabiéndose no obligados a explicar  cómo cumplirán o de dónde sacarán tanto dinero para satisfacer esa montaña de buenos deseos que reparten diariamente a diestra y siniestra. Quien sea el triunfador enfrentará más temprano que tarde el desencanto de sus electores por incumplimiento, regalar dinero sin recaudación adicional, ni mayor productividad son cosas que no cuadran. Pero eso sólo se verá en un futuro que no está muy lejano. Lo paradójico de las campañas es que silencian el tema de los derechos individuales, asunto de interés en las sociedades modernas y que no implica gastos extraordinarios sino algo más difícil de tener que es valor para enfrentar conservadurismos e inercias.

Son al menos cinco derechos individuales cuyo debate ha sido desigual pero siempre desoído por los sucesivos gobiernos al menos en los últimos tres sexenios, la despenalización de la interrupción del embarazo, la despenalización del uso de drogas, la eutanasia, el derecho a la unión entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Hay que mencionar que la notable excepción al silencio oficial la representan por una parte Marcelo Ebrard bajo cuyo mandato al frente del gobierno de la hoy Ciudad de México se legalizó la interrupción del embarazo y la unión entre personas del mismo sexo. Y la iniciativa del presidente Peña Nieto también en el sentido de los matrimonios igualitarios y su derecho a la adopción. Por cierto la iniciativa del presidente fue rechazada por diputados de su propio partido en coalición con diputados del PAN y del Verde.

Los opositores a la legalización de los derechos antes referidos esgrimen por lo general argumentos ligados a sus convicciones religiosas o muy discutibles ideas presuntamente científicas. Es el caso de la despenalización de la interrupción del embarazo. La raíz de la iniciativa para despenalizar está en el hecho de reconocer o no el derecho de las mujeres a ser madres o no serlo. Un derecho individual. A ello se oponen, entre otros, quienes creen que al abortar la mujer comete un homicidio con el supuesto de que el feto es un ciudadano con plenos derechos. Entre los médicos no existe acuerdo concluyente de cuándo se puede considerar que el feto es un ser humano viable y completo, algunos proponen que lo es cuando escuchan el latir de su corazón o cuando el cerebro se ha configurado o cuando el sistema nervioso central está desarrollado. Cualquiera de estos signos se observa varias semanas después de la fertilización del óvulo por un espermatozoide. Antes, los médicos coinciden que después de la concepción la resultante es un conjunto de células en frenético proceso de división y diferenciación de tejidos. Aún días antes de la fecha calculada para el parto la medicina aprueba la interrupción del embarazo si corre peligro la vida de la madre. Un elemento nuevo pero definitivo se introdujo cuando se consideró el deseo de la mujer a continuar o no con el embarazo por las causas que a ella le parecieran suficientes, entre las cuales siempre ha estado sopesar si el nuevo ser enfrentará las condiciones apropiadas para su desarrollo. Otra causal fue en un principio que la fertilización hubiera sido producto de una violación, pero aún en estas condiciones las organizaciones confesionales se han opuesto a la práctica del aborto con chantajes morales ahora evidentes en espectaculares públicos. Las organizaciones antiabortistas nunca han reconocido que las prácticas abortivas antes de su legalización en el entonces Distrito Federal y todavía hoy en todo el país son realizadas muchas veces por charlatanes y que no en pocas ocasiones llevaron a la muerte de las mujeres o a sufrir estirilización forzada por las condiciones insalubres y salvajes en que se hacían.

El derecho a la unión entre personas del mismo sexo no tiene otra oposición que no sea estrictamente moral-religiosa. A diferencia de la oposición al derecho a la interrupción del embarazo que puede disfrazarse bajo argumentos seudocientíficos, en la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario sólo está el prejuicio de ser una práctica “antinatura”. Desde las más antiguas escrituras está documentada la práctica homosexual y cerrar los ojos a su existencia por el sólo hecho de creer que el sol se tapa con un dedo es negar un derecho pleno a millones de individuos con esa naturaleza humana. Y el derecho a la adopción es un derecho individual por el sólo hecho de ser ciudadano sea cual fuere su preferencia sexual.

El derecho a la muerte digna o eutanasia ha atravesado también con los prejuicios religiosos antes que las consideraciones del individuo que decide ese camino para terminar con su vida. La razón dada de que “dios es quien da la vida y es el único que puede quitarla” la pueden aplicar quienes creen en esa existencia divina y someten su conducta a esos preceptos pero existen muchas otras personas que no tienen esa creencia y a los cuales no se les puede forzar a conducirse de acuerdo a normas religiosas en las cuales ellos no creen. Pese a ello se ha abierto la puerta a la muerte digna cuando se ha aceptado el término de un tratamiento a personas con enfermedades terminales o a personas con muerte cerebral o en vida vegetativa.

En el tema del derecho al uso personal de la marihuana y de cualquier substancia catalogada como droga la Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara en el sentido de que el amparo aprobado a varias personas para el cultivo, transporte y consumo de marihuana no conlleva una solución a los problemas de violencia ni organización criminal sino que es simplemente reconocer el derecho individual a hacer uso lúdico o recreativo de una substancia estimulante y adictiva como lo es el alcohol y el tabaco.

Una forma de darle vuelta a estos derechos y mantener intacto  el presunto “prestigio” de los candidatos es proponer que se someterán a una especie de consulta pública que es otra forma de decir que serán rechazados dado el prejuicio generalizado hacia estos derechos.