EN BCS NO HAY PERSEGUIDOS NI PRESOS POLÍTICOS. SOLO SE CUMPLE CON EL ESTADO DE DERECHO PORQUE NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY: ALVARO DE LA PEÑA.

*Dijo que la justicia no se negocia, ni debe politizarse.

* Gobierno del Estado no fabrica delitos, sólo procede con apego a derecho por denuncias de ciudadanos afectados.

La detención del abogado John Joseph Moreno Rutowski, se deriva de cuestiones legales señaladas en su contra, por terceras personas; porque en Baja California Sur, no hay perseguidos políticos, sólo se cumple con el Estado de Derecho, ya que nadie está por encima de la Ley; aseguró el Secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo.

Dijo que dicha detención se llevó a cabo bajo número de proceso penal 60/2017, derivado de una denuncia por el delito de despojo, interpuesta en mayo del año 2014.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio seguimiento a una denuncia que existía en contra del señor Moreno, por terceros afectados, por lo que una vez realizadas las investigaciones correspondientes, giro orden de aprehensión en su contra”; reveló el alto funcionario.

Dejó en claro que en Baja California Sur, no hay ningún ciudadano que sea perseguido políticamente. Ni el señor, John Moreno, ni nadie. Simplemente se está cumpliendo con lo que mandata la Ley y si él o cualquier otra persona, incurre en una falta legal, tendrá que responder por sus actos.

“La justicia en nuestro país y el estado, es clara y buscamos brindar a los sudcalifornianos una justicia transparente, pronta y expedita, que lleve ante la Ley a quien ha cometido una falta o un daño”; recalcó

Precisó que no se trata de actos de represión, como se ha manejado falsamente por algunas personas en las redes sociales y medios de comunicación. Se trata únicamente de la aplicación del Estado de Derecho.

Álvaro De la Peña Angulo, subrayó el compromiso que la administración pública estatal, que encabeza Carlos Mendoza Davis, tiene con los sudcalifornianos en esta materia; recalcando, que no se tienen presos políticos, sino a personas responsables de actos que van en contra de la Ley.