EN EDUCACIÓN EL GOBIERNO CEDE AL CHANTAJE

Hace dos años escribimos en este mismo espacio “…Pero las presuntas policías comunitarias en contubernio con los cárteles de la droga mantienen bajo su control vastas zonas del sur del país y los actos delictivos de grupos de diversa índole han encontrado en el chantaje y la extorsión su modo de operación para doblegar a las autoridades...” (“¿Se puede o no se puede?”, agosto de 2013). Ahora tocó el turno a la dizque “insurgencia” magisterial doblegar al estado nacional respecto a las medidas centrales que implicaba la reforma educativa aprobada también hace dos años. También en este espacio escribimos respecto a esta reforma algunas de sus disposiciones, entre ellas:

En la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente implicará un nombramiento definitivo de base después de aprobar la evaluación a los seis meses de servicio.

Si el docente no fortalece sus capacidades, conocimientos y competencias, incumple con la evaluación obligatoria o si al término del periodo evaluador no aprueba, queda fuera del servicio.

Son sujetos obligados de dicha ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos del nivel educativo básico y medio superior que imparte el Estado.

El personal en servicio, que ya  cuente con nombramiento definitivo y funciones de docencia, dirección o supervisión, deberá ajustarse a los procesos de evaluación y programas de regularización. Pero si a la tercera evaluación sigue reprobando será adscrito a actividades administrativas.

Concluimos en aquel entonces con esta afirmación: “Los dirigentes sindicales de los estados con peores índices de aprovechamiento escolar (Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero) ya anunciaron que no se ajustarán a esas evaluaciones, de la misma manera como hasta ahora no han aplicado los sistemas de evaluación existentes. En otras palabras que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre” (“Reforma educativa, por verse”, septiembre de 2013). El secretario de educación pública Emilio Chuayffet anunció hace unos días la “suspensión indefinida” de los exámenes de evaluación para “buscar nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación”. Así el gobierno federal queda postrado ante las amenazas de esos grupos de impedir las elecciones en los estados donde ellos se han convertido en ley. La medida arbitraria de la SEP, tan arbitraria como las amenazas de los grupos magisteriales chantajistas, ya fue señalada por analistas de anticonstitucional ya que invade las facultades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo autónomo que surgió como parte de la Reforma Educativa precisamente para realizar las evaluaciones antes referidas.

El ambiente electoral ha sido pretexto para que los candidatos reafirmen su “convicción” de que la educación es prioritaria. Pero se guardan muy bien en decir que en materia de calidad la evaluación docente es condición indispensable para alcanzarla. No vaya a ser que se les enojen. En nuestro estado ya vimos de lo que son capaces incluso los dirigentes oficialistas –serviles desde siempre al gobierno- cuando se trata de sacar raja para sus aspiraciones políticas. Más de un mes en paro laboral sin ninguna consecuencia por esta acción ilegal. Mientras su líder Mateo Casillas ya se prepara, según él, para despachar desde una curul del Congreso bajo las siglas del PRI, como lo han hecho históricamente esos líderes sindicales. 

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