FRACASO DE LAS ESTRATEGIAS CONTRA LA NARCO VIOLENCIA

A inicios de este año el balance de muertes en el país ligadas al crimen organizado era escalofriante. En una década (2006-2016) oficialmente se reconocía que aproximadamente 92 mil personas habían perdido la vida en acciones relacionadas con la narco violencia. En el año 2016 el índice repuntó hasta una cifra oficial de 11 mil víctimas en ese año. En los primeros meses del año en curso se acumulaban ya 2 mil 200 muertes, lo que vaticina que se romperán todos los récords en esta materia durante este año si se mantiene o se incrementa este ritmo de enero-febrero. El presidente Calderón inició la estrategia de sacar al ejército de los cuarteles para reemplazar a las policías municipales y estatales que habían sido cooptados o rebasados por la organización criminal en varias regiones. Ante las críticas de algunos partidos e intelectuales, el ejército desde entonces pidió de diversas formas que se le diera el marco legal para realizar estas actividades de seguridad, prevención y combate al crimen que en teoría le corresponden a las policías. De cualquier forma la presencia de las fuerzas armadas por sí mismo no han resultado en una disminución del crimen. El caso más trágico es el de Guerrero donde el año pasado se registraron oficialmente mil 800 muertes violentas; una de cada seis víctimas en el país ocurren en Guerrero donde aproximadamente se encuentran apostados 5 mil efectivos de las fuerzas armadas, sin contar los miembros de las fuerzas policiacas federales. Después de años de discusiones y foros en diversos ámbitos de la sociedad sobre las estrategias para combatir la narcoviolencia se había llegado a dos propuestas respaldadas por expertos y asociaciones defensoras de los derechos civiles: el mando único de las policías en los estados que garantice coordinación, capacitación e inteligencia en el actuar policiaco y una Ley federal de Seguridad Interior para regular la intervención de las fuerzas armadas en estas labores. Pues la noticia es que los diputados y senadores han decidido no aprobar ninguna de estas iniciativas. ¿Qué proponen a cambio? Seguir como estamos, es decir en medio del fracaso de las estrategias contra el crimen. El peor de los mundos ante nosotros. Sin policías capacitados, sin coordinación de las pocas existentes, sin claridad en las formas en que las fuerzas armadas intervendrán en este trabajo. Ya no hablemos de la estructura judicial encargada de sancionar a los pocos criminales capturados. El gran descubrimiento ha sido extraditarlos para quitarnos ese dolor de cabeza que significa recluirlos en cárceles donde la corrupción invita a la evasión.

Aunque parezca cantaleta insistiremos en la alternativa que la lógica más elemental señala: legalizar el consumo de las drogas, cuyo mercado negro es la fuente del gran poder económico de las mafias. Sin ese poder corruptor de los carteles criminales que les dan las fortunas que han amasado, todas las manifestaciones y derivaciones más oprobiosas de su actuar (secuestro, robo, trata de personas) se verían disminuidas. ¿Por qué las fuerzas políticas se aferran a estrategias una y otra vez fracasadas? ¿A quién ha beneficiado insistir en medidas de seguridad que no cumplen con su pretendido fin? Hasta ahora los únicos beneficiarios han sido los criminales.