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GOBERNADOR DE BCS VETA PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS APROBADOS POR EL CONGRESO ESTATAL.

en Sábado, 02 Enero 2021.

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*El Paquete Económico aprobado para el 2020, continuará vigente en el 2021.

 

 

Mi decisión de Vetar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que pretendian imponer los integrantes del Congreso del Estado, va en contra de los intereses de las y los Sudcalifornianos.

 

Es una decisión sin antecedente en el Estado e implica que las leyes aprobadas para este año, 2020, continuarán vigentes.

 

Nuestra Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en su Artículo 64, Fracción XXXI, Párrafos Segundo y Tercero; señala que, cuando, por cualquier circunstancia, no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado; se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha mas reciente en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

 

Vetaremos también las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal.

 

El Veto, responde a una convicción: las decisiones de política pública, deben responder a una necesidad social; nunca a un interés electoral.

 

Lo aprobado por el Congreso, impide continuar con la atención de salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública; que tanto nos ha costado recuperar.

 

“No lo vamos a permitir. Vamos a enfrentar la tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la Ley”.

 

El Congreso del Estado, ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos, a recibir servicios de calidad; por parte de su Gobierno del Estado. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de: planeación, programación, presupuestación y evaluación.

 

Es un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades; al reducir en 60 por ciento, al Capítulo 3000 del presupuesto, relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.

 

Dicha reducción irracional, que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación; impacta directamente a conceptos indispensables para la atención de la población, mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal.

 

Ejemplo de lo anterior, lo constituye el pago del seguro catastrófico, que ante la cancelación del FONDEN se convierte en la única previsión que se tiene; ante la llegada de algún fenómeno metereológico que nos impacte y cause daños.

 

Se afecta de igual manera, el pago de servicio de: energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.

 

Aunado a estas afectaciones, se pretende asignar un 2 por ciento adicional, a las participaciones que se asignaron a los municipios, en el presupuesto de 2020; sin considerar que Baja California Sur, es actualmente la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios; a nivel nacional.

 

En suma, la pretensión de los Diputados, implica disminuir a la administración pública estatal; aproximadamente 400 millones de pesos, que limitarían, entre otros; la prestación de servicios en materia de: salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación; en nuestra entidad.

 

El Legislativo, ha olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos partidistas. Llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Poder Legislativo. Reza el refrán; “Hágase la Ley en los Bueyes de mi Compadre”.

 

“En Baja California Sur, no vamos a abandonar a las familias. Vamos a defender su salud, la economía de los hogares, su seguridad. Eso no es posible con las leyes y presupuesto que pretende imponer el Congreso y que olvida: el luto, la enfermedad y la angustia económica de la gente”.

 

Tenemos la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender el Interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral; aseguró el Gobernador.

 

Advirtió que, el Poder Ejecutivo del Estado, no actúa por interés partidario, ni se aleja de la gente.

 

La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal, aprobados por el Congreso; responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina. Más aún cuando fueron modificados de manera irresponsable y sin realizar el análisis riguroso, sobre el impacto económico; que la normatividad exige para mantener finanzas públicas que permitan atender las necesidades mas apremiantes de la población.

 

El Gobierno del Estado, requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que, por Ley, está obligado a prestar a la gente.

 

Fue claro: no permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo, afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos; con lo cual se podría generar una crisis humanitaria.

 

No aceptamos que mas personas enfermen. Tenemos que actuar de la mejor manera posible, con todos los recursos disponibles; frente al reto sin precedentes que enfrentamos.

 

No admitimos que los negocios quiebren y las familias sufran.

 

No permitiremos que la gente se quede sin empleo y sin ingreso.

 

No vamos a permitir que se destruya nuestra tranquilidad.

 

Por eso el Veto; subrayó el Mandatario Sudcaliforniano.

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