Hartazgo Social
El argentino Eduardo Pigretti, exrector de la Universidad, enseña que los gobiernos son demasiado grandes para las cosas pequeñas y demasiado pequeños para las cosas grandes. Hay una explicación sociológica esencial: los gobiernos son parte de la sociedad y no al revés, como perversamente se hace creer.
Por ello tiene mucha razón la llamada urgente que hacen los académicos, las organizaciones sociales o ciudadanas y toda clase de expresiones, medios y redes, para que se le quite de una vez por todas el tema ambiental a los gobiernos y han enviado una propuesta que suscribimos totalmente y que dice así:
“Ante los graves y recurrentes acontecimientos ambientales del país, que cada día más se alejan de la sostenibilidad, consideramos de importancia prioritaria modificar, desde sus bases mismas, la organización estatal mexicana que atiende los temas de los recursos naturales y del medio ambiente”.
El poder público ha demostrado durante las últimas décadas una preocupante ineficacia para contener el muy grave deterioro de los ecosistemas del país, en parte, porque su propia estructura orgánica propicia dependencia de las razones del Estado y, en muchos casos, una vocación mercantilista que priva sobre los intereses de la mayor parte de la población, de la tutela de la biodiversidad y de la sostenibilidad.
El hecho de que los principales organismos encargados del cumplimiento de la justicia ambiental -y su gestión- sean órganos desconcentrados de una dependencia federal, habla por sí mismo de la falta de neutralidad y autonomía de quiénes debiesen velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano a favor de todos los habitantes del País.
En ese contexto surge como impostergable, urgente y necesaria una transformación radical de la organización del poder público en estos temas a favor de un modelo que se signifique por su autonomía de las decisiones del Gobierno.
El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, son ejemplos de tendencias hacia la ciudadanización del ejercicio de las políticas públicas en temas vitales para la nación.
Es por ello que hacemos un llamado a la sociedad mexicana para que desde todas sus trincheras se promueva una evolución de gran calado en las instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente, a fin de que los mexicanos tengamos órganos de vigilancia y gestión ambiental autónomos, con amplia y plena participación ciudadana y a las instancias de Gobierno, y en particular al Poder Legislativo federal, a las instituciones de educación superior y a las organizaciones ciudadanas, a mostrar una apertura y elevación suficientes para coadyuvar diligentemente a este propósito.
Para el centenario de la Constitución del próximo año 2017, esto deberá quedar consolidado. “Por una verdadera justicia ambiental en defensa de la sostenibilidad” concluyen los cientos de peticionarios entre los que destaco al maestro Sergio Aguayo del Colegio de México y al maestro Rolando Cañas Moreno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y recuerdan que ya no queda ni un solo río sin contaminar en todo el país, que no hay basurero alguno que cumpla con la Ley de Residuos o las Normas 083 y 052, que la calidad del aire en ninguna de las ciudades de México es satisfactoria, y todos los ríos descargan al mar sin tratamiento las aguas cloacales, entre otras linduras.
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