LA PAZ, CIUDAD ILEGAL

La mayor parte de la ciudad de La Paz se encuentra asentada en forma ilegal en un área natural protegida, según un decreto presidencial de 1938 que al estar vigente genera incertidumbre a la inversión, advirtió el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), Agustín Olachea Nogueda. El decreto publicado por Lázaro Cárdenas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1938, declaró como zona protectora forestal vedada los terrenos que rodeaban la ciudad y puerto de La Paz en ese entonces. Los linderos del polígono están delimitados por los cerros del Tecolote, El Coyote, El Orégano, El Atravesado y El Bledal hasta los predios El Centenario y El Refugio; continúan hasta el cerro Devisaderos, la mojonera del predio El Detilito y la península de El Mogote, por lo que abarca toda la ciudad de La Paz y sus áreas conurbadas. De acuerdo con el documento, el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de la zona señalada se concreta únicamente a la extracción de maderas muertas. El decreto olvidado durante 75 años, periodo durante el cual la ciudad de La Paz creció dentro del área natural protegida, fue utilizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) como uno de sus recursos jurídicos para detener los proyectos turísticos Paraíso del Mar y Entre Mares en El Mogote, una franja de arena, dunas y manglares, frente al malecón de la ciudad. El presidente de Emprhotur y promotor del proyecto Entre Mares, Agustín Olachea, explicó que el citado decreto fue creado para frenar la deforestación de los alrededores de la ciudad de La Paz que en 1938 abarcaba no más de diez cuadras. Señaló que el documento quedó en el cajón del olvido, nadie le puso atención, la capital del estado creció y fueron creados instrumentos de planeación como el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz (PDU) dentro del polígono citado, pero “desafortunadamente” un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) con sede en la ciudad de México lo sacó a relucir para parar el desarrollo de los proyectos turísticos de El Mogote. De acuerdo con ese juez la zona protectora forestal vedada es equiparable a un área natural protegida, por lo que “todo lo que se construyó a partir de 1938 en la ciudad de La Paz es ilegal”, señaló. Aseveró que se trata de una laguna jurídica “tramposa” que cualquier ciudadano puede utilizar para frenar la inversión; un desincentivo para los inversionistas que pueden ver en ese decreto una posibilidad de que ya en marcha sus proyectos corren el riesgo de ser detenidos. Expuso que con el criterio del juez que aplicó el decreto para los proyectos Paraíso del Mar y Entre Mares, el aeropuerto de la ciudad de La Paz, el edificio del gobierno del estado, el desarrollo de Costa Baja y el centro de convenciones de La Paz, en construcción, entre muchos otros inmuebles, también son ilegales. “Es muy preocupante porque lo que lo que debemos hacer en La Paz es crear todos los incentivos para que los inversionistas vean que es el mejor lugar para invertir sus recursos, pero lo estamos haciendo al revés, gracias a una organización no gubernamental – El Cemda - que le importa un bledo el crecimiento económico de la ciudad, ellos quieren enriquecerse a costa de detener proyectos y que no existan oportunidades de inversión”, advirtió. El empresario dijo que no hubo desdén de las autoridades o los inversionistas hacia el decreto, la realidad es que nadie lo vio, “pero esta gente lo sacó del cajón de los recuerdos y lo utilizó como argumento para detener un proyecto, un juez falló y se creó un riesgo para la ciudad de La Paz”. Advirtió que si ahorita alguien quiere frenar el centro de convenciones de La Paz que construye el gobierno del estado a unos metros de la costa y al lado del estero Enfermería, tiene los argumentos para hacerlo, pues existe un precedente con el fallo del TFJFA y “aquí o todos coludos o todos rabones”. Expresó que para dar certidumbre a la inversión en La Paz, donde actualmente se construyen cinco hoteles, es necesario que el gobierno del estado y el gobierno federal tengan la voluntad para abrogar este decreto porque el fondo por el que fue creado ya no existe. Señaló que si la ciudad de La Paz está en un área natural protegida como determinó el Tribunal cualquiera de sus habitantes que quiera construir una covacha tendrá que elaborar una manifestación de impacto ambiental y todos tendrán que pagar derechos por hacer uso de la zona protegida, incluyendo a los pasajeros de otros lugares que aterrizan en el aeropuerto internacional Manuel Márquez de León. Expuso que existe una reglamentación muy específica en torno a las áreas naturales protegidas y en todo caso los habitantes de La Paz la estarían violando de forma permanente, por eso es necesario revisar el decreto. Dijo que como se trata de un decreto presidencial toca al presidente Enrique Peña Nieto determinar su futuro “y creo que sería receptivo a los argumentos”, con base en los estudios que tiene que hacer la Semarnat al respecto. Decreto genera incertidumbre en la inversión El secretario de Turismo del gobierno de Baja California Sur, Rubén Reachi Lugo, reconoció que el decreto de 1938 es un tema que preocupa porque está vigente y genera incertidumbre entre los inversionistas El funcionario aclaró que no es un tema de su competencia, pero desde su punto de vista el marco legal de La Paz debe adecuarse a la realidad actual porque no debe existir contraposición entre un decreto presidencial y el PDU de la ciudad. Dijo que como representante del sector turístico no tiene atribuciones para decir qué se puede y qué no en materia de planeación de desarrollo urbano, pero sí que las inversiones turísticas se hagan dentro de un marco legal que debe corresponder a la realidad actual, según resulte de los acuerdos de los actores del municipio sobre lo que existe hoy y que se quiere lograr dentro de 20 ó 30 años. Expresó que el tema se ha platicado con Emprhotur, el Congreso local, el gobernador y funcionarios de la federación, por lo que hay certeza de que el decreto debe ser adecuado a nuestros días y a futuro, pues “hoy no podemos salir a vender un destino como La Paz cuando tenemos un PDU que dice una cosa y un decreto que dice otra”. Dijo que el decreto de Lázaro Cárdenas “nos sorprendió a todos”, pero está vigente y afecta y afectará a La Paz en el futuro si no se adecua a lo que diga la sociedad, no sólo el sector turístico pues es un tema que involucra a toda la ciudad. Sobre la responsabilidad de quienes pasaron por alto el decreto y levantaron una ciudad encima de él sin tomarlo en cuenta, a pesar de que tiene 75 años vigente, omitió hacer comentarios. Cemda se opone a la derogación El Cemda rechazó la idea de derogar el decreto de un plumazo, por lo que planteó su modificación para asegurar la protección de áreas de importancia biológica en la ciudad de La Paz. Para su modificación, le corresponde a la Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizar los estudios necesarios y determinar si las condiciones que dieron lugar al establecimiento del decreto no se han modificado, y seguir así el mismo procedimiento para la creación de un área natural protegida de acuerdo a la legislación ambiental vigente, precisó. “No se puede derogar el decreto de un plumazo, es necesario evaluar las áreas de importancia ecológica que comprende el polígono del decreto, como lo son los esteros Zacatecas y Enfermería, El Mogote y el Cerro de la Calavera, entre otros sitios, y mientras subsistan sus valores ambientales deben protegerse bajo la categoría de área natural protegida. Es por ello el Cemda ya realizó la solicitud formal a la Semarnat y a la Conanp de recategorización de la zona para que esto suceda”, expresó Agustín Bravo Gaxiola, representante de Cemda en el noroeste. Añadió que “Los fallos de los Tribunales son específicos para Entre mares y Paraíso del Mar, y no para toda la ciudad de La Paz, recordemos además que los proyectos se encuentran en un humedal reconocido por la Convención Ramsar como de importancia internacional. Es por ello la necesidad de trabajar en recategorizar el decreto”, finalizó. El pasado martes 22 de enero, el presidente de la Comisión de Asuntos Turísticos del Congreso del estado, Alberto Treviño Angulo, presentó una iniciativa de acuerdo económico para que el poder.