LAS FUERZAS ARMADAS CONTRA LA DELINCUENCIA
Recientemente fue promovido en el Congreso federal un proyecto de Ley de Seguridad Interior para intentar normar la participación de las fuerzas armadas (Ejército y Armada) en tareas de seguridad, específicamente en la lucha contra el crimen organizado. Por lo menos desde hace ocho años los mismos secretarios de la Defensa y de la Armada han pedido en todos los tonos posibles a los diputados y senadores que se legisle sobre el particular. Su solicitud ha sido olímpicamente ignorada hasta ahora. Resulta paradójico que las fuerzas armadas que como institución ocupan el tercer lugar en confianza ciudadana –después de las universidades y la iglesia– sean ignoradas por los senadores que se encuentran en el lugar doce y los diputados que están en el lugar quince en el ´ranking´de confianza institucional. En calificación ambos están reprobados (5.2 y 5.0 respectivamente) en cerrada disputa de desprestigio con la presidencia, la policía y los sindicatos (El Economista, 27 noviembre, 2016).
En el sexenio de Felipe Calderón se inició la “guerra” contra el narcotráfico con las fuerzas armadas como bastión en esta lucha. Es famosa la foto del presidente disfrazado de soldado, un tanto ridícula por cierto, pero lo esencial no era eso sino que el crimen organizado se había enseñoreado en amplias zonas del territorio donde ellos –los capos– eran la ´ley´ habiendo cooptado, comprado o amenazado a presidentes municipales, diputados y muy probablemente gobernadores. No se diga a las instituciones de seguridad y justicia. La demostración del poder del crimen organizado fue el “Michoacanazo”, miles de miembros del ejército, la armada y agentes federales fueron enviados a esa entidad junto con decenas de agentes del ministerio público para respaldar acciones contra los criminales. En mayo de 2009 once presidentes municipales fueron apresados junto con funcionarios del gobierno estatal y varios policías. Al poco tiempo fueron liberados por órdenes de jueces que no encontraron fundamentos para su proceso. El territorio michoacano hasta la fecha sigue azotado por la actividad del crimen organizado.
Las fuerzas armadas siguen siendo confiables a la hora de ejecutar aprehensiones, o enfrentar a grupos armados. Pero eso, se ha visto, no es suficiente si la trama judicial y de seguridad federal, estatal y municipal está carcomida por la corrupción derivada del enorme poder económico del crimen organizado. Finalmente los soldados y marinos deben llevar a las personas detenidas ante un ministerio público y de ahí iniciarse el juicio, lo cual ya escapa a la responsabilidad militar porque la red de corrupción criminal entra en escena.
La presencia física de soldados en las ciudades con problemas de violencia patrullando las calles en muy poco pueden contribuir a resolver las ejecuciones que se han desbordado. La disuasión y persuasión sólo pueden funcionar momentánea y accidentalmente si un patrullaje militar casualmente coincide con un sitio donde se realiza un crimen violento. Los criminales por lo general tienen observadores en la ciudad que previenen a los sicarios de la trayectoria o cercanía de esos patrullajes. Ciertamente no se chupan el dedo los criminales.
De cualquier forma la situación de emergencia en el país hace imposible retirar al Ejército y la Armada de labores de seguridad, lo que hace imprescindible atender a la exigencia de estos cuerpos militares para que se legisle sobre los límites y alcances de su presencia en estas tareas.
Todo ello mientras se vuelve la mirada hacia el cambio de estrategia que se ha negado a aceptar: golpear al poder económico del crimen organizado legalizando el uso de las drogas. Pero eso está todavía más lejos de poder llegar a nuestros legisladores.
