PARA UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN EL EJECUTIVO DEL ESTADO PRESENTÓ INICIATIVA AL ÓRGANO LEGISLATIVO: CARA.
*Dijo, que el Fiscal Anticorrupción sería elegido por el Congreso del Estado, a partir de terna de expertos.
*El mecanismo, es único a nivel nacional y dará mayor transparencia a su designación.
A diferencia del marco actual, en el que el Ejecutivo, se encarga de presentar a un candidato y el Congreso de ratificarle; ahora el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, presentó una iniciativa de Reforma Constitucional, en la que el Congreso del Estado, sea el responsable del nombramiento del Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción; a partir de una terna presentada por un grupo de expertos.
De acuerdo al Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Amed Rochín Álvarez, se trata de una propuesta de modificación legal, tendiente a generar una mayor transparencia en la selección de la persona encargada de investigar y perseguir penalmente; casos de corrupción, tanto en servidores públicos, como en el ámbito privado.
En la propuesta, el Congreso del Estado, formará una Comisión, integrada por representantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Colegio de Abogados, Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia; dicha comisión se encargará de abrir una convocatoria y seleccionar a una terna de candidatos, para que el Congreso, posteriormente, pueda elegir y emitir el nombramiento correspondiente.
“Se trata de un esquema único para el país, pues no existen antecedentes de un Estado, en donde se procese este nombramiento con tal nivel de transparencia y coparticipación”; aseguró el Jefe de Oficina del Ejecutivo,
Carlos Amed Rochín Álvarez, subrayó, que al encargar la selección a un órgano colegiado de expertos, se busca que lleguen al Congreso las propuestas de las mujeres y hombres mejor preparados y ajenos a cualquier interés que pudiera comprometer su desempeño en una tarea, cuya naturaleza es trascendental para la legitimidad de todo el sistema anticorrupción.