Paradigma del Desarrollo Sostenible: La Manifestación de Impacto Ambiental

El artículo 2 de la  Constitución de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que los recursos naturales son propiedad de la nación (y de sus ciudadanos) se han desarrollado concesiones para la implementación de proyectos productivos (ya sean públicos o privados) en donde se pudieran impactar el ambiente.     Estos son los fundamentos en que la Ley General del Equilibrio Ecológico busca preservar ecosistemas y sus procesos ante las actividades humanas. Pero, ¿Qué actividades humanas podrían ser impactantes? En estos procesos están desde la extracción de agua de pozos, ríos y lagunas pasando por el uso del suelo para diferentes objetivos hasta la forma de usar los océanos con sus ecosistemas altamente productivos. Cuando un país asume un modelo de desarrollo sostenible es capaz de satisfacer sus necesidades actuales sin poner los recursos en riesgo de seguir siendo utilizados a largo plazo por la misma población. Para ello se requieren de instrumentos ambientales que nos apoyen para poder determinar si la actividad que se pretende desarrollar pudiera tener un impacto sobre los ecosistemas o afectar de manera significativa sus procesos. Esto es clave, se puede usar el ambiente pero lo que se pretenda hacer tiene que ser amigable con el desarrollo futuro y no tiene que destruir necesariamente el capital natural que explota.

Históricamente el ser humano se ha enfrentado al uso de los recursos naturales  en donde se ha pasado de un uso extensivo e irracional (tal vez desde el inicio de los tiempos hasta la revolución industrial) a buscar esquemas donde la utilización más racional de los recursos sea la pauta a seguir. Los recursos naturales suelen ser renovables, si se permite un lapso de tiempo entre tiempos de extracción, por lo que su tasa de recuperación es un elemento relevante en la discusión de cómo utilizarlos antes de sobreexplotarlos. Esto va de la mano con la tasa de consumo o utilización para evitar el agotamiento lo que nos lleva a considerar la capacidad de carga del sistema. Sin embargo, en muchos casos no se puede evitar que sucedan impactos por las actividades humanas para lo cual se requiere saber de la capacidad de dispersión o dilución de los contaminantes en el medio o su tiempo de residencia. Además de comprender si la tasa de recuperación se ve afectada por las actividades humanas o si existe alguna forma de compensación al ambiente a partir de preservar procesos en sitios particulares. Esto se requiere después de 40 años (1940 – 1980) en que el desarrollo del país no consideraba impactos severos sobre la naturaleza.

            Aunque sus orígenes están en los años 70´s, el instrumento que se usa en México para evaluar los potenciales impactos de las actividades humanas comenzó efectivamente a ser usado en el año 2000 derivado tanto de modificaciones de la política ambiental como de los compromisos que el país firma en tratados internacionales. Es cuando se propone que todo proyecto de desarrollo tendrá que presentar una Manifestación de Impacto Ambiental teniendo dos modalidades: particular o regional lo cual está relacionado con el tamaño del proyecto. También existe lo que se llama Informe Preventivo que se utiliza en casos muy específicos.  Aunque parece que por su nombre estas manifestaciones parecen solo evaluar los potenciales impactos sobre el ambiente lo que también tienen que considerar son aspectos sociales, económicos, culturales y hasta políticos (ya que el proyecto en cuestión podría causar alguna inestabilidad). También es necesario considerar que aun que se desarrollan en dos modalidades se tiene que tener en mente los potenciales impactos sinérgicos tanto por la cantidad como por la envergadura de otros proyectos aledaños que se puedan estar generando.

            Para poder dar una concesión a un particular es bien necesario que la Manifestación de Impacto Ambiental desarrolle una descripción detallada de los ambientes o ecosistemas presentes en la zona de interés. Esto es un punto clave para cualquier proyecto ya que al ser una concesión con un tiempo determinado lo que se podría aspirar es que el desarrollo no cause un cambio tan drástico en el ambiente que cuando se termine la concesión los cambios sean lo menor posibles. Sin embargo, no existe una clasificación de ecosistemas terrestres consistente entre las diferentes subsecretarías en la SEMARNAT (esto es que para cada organismo de la secretaría se reconocen ecosistemas terrestres de diferente manera). Sin embargo, lo grave del asunto es que en los ecosistemas acuáticos parece ser que ser marinos o dulceacuícolas es la mayor diferencia posible. No existe una clasificación incluyente de todos los ecosistemas marinos lo que deja en la indefensión para cualquier procedimiento administrativo o de protección ecosistemas internacionalmente reconocidos pero que en México todavía no nos hemos atrevido a proteger (entre ellos los pastos marinos, mantos de rodolitos, bosques de algas, praderas de marismas, ventilas hidrotermales, bosques de gorgonias, etc… entre muchos otros). Esto genera una gran controversia de cómo se puede desarrollar una manifestación ambiental si no se tiene un catálogo completo de los “ambientes” del país. Tal vez esto sea relativo al número de profesionales en las Ciencias del Mar que se han formado y contratado en diferentes esferas de la vida productiva del país.

            Ahora bien como se supone que la MIA va a buscar que se evalué si los procesos que se van a llevar a cabo puedan causar un impacto en estos ecosistemas deberíamos conocer algunos de sus aspectos dinámicos. Estos deberían ser, al menos, biodiversidad (especies en la zona), procesos ecológicos (reproducción, reclutamiento, crianza o alimentación, etc.…) y su participación en procesos geológicos (estabilidad de playas, suelos, origen de sedimentos, etc.…). Ahora bien si esto no está bien comprendido en el desarrollo de la MIA entonces no es posible proponer medidas de compensación o mitigación de los impactos lo que hace inviable poder decir que un proyecto es o no es factible, ¿cierto? Es algo que requiere ser trabajado con intensidad reuniendo información crítica que se tiene en el país sobre este tema tanto en centros de investigación como en Universidades, no es posible que se genere información de esta naturaleza y no sea utilizada. Aunque existen ejercicios académicos muy serios como los realizados por la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) para comprender el capital Natural del país como para comprender sus vacíos u omisiones todavía existen algunos ángulos no cubiertos que requieren de ser evaluados con prioridad. A lo largo de mis 24 años en la vida académica del país he visto y trabajado muchos de estos aspectos por lo que considero que no es imposible su implementación.

            Pero consideremos que ya se cubrieron esas deficiencias en esos insumos fundamentales que el proceso requiere. Lo siguiente a preguntarnos para que este instrumento cumpla con sus funciones es: quien hace las manifestaciones y quien las evalúa.  Es preocupante saber que se supone que se debe de elaborar un padrón de prestadores de este servicio que estén bien acreditados para hacer las manifestaciones pero este se tiene a nivel estatal (donde las diferencias para poder ser acreditado son evidentes), en algunos casos a nivel municipal (contados) pero no pude encontrar un solo padrón federal o las características que debería tener este prestador. Posteriormente, aunque en SEMARNAT se tiene una Dirección para hacer las evaluaciones de estos estudios me parece que deberán tener una amplia gama de profesionales para cubrir el tema de todas y cada una de las evaluaciones. Sin embargo no me parece que sea el caso y no me ha tocado ver que estas oficinas requieran de asesoría o apoyo de los académicos que pudieran tener información relativa al proyecto o conocimiento del tema para apoyar la toma de decisión. Esto sería muy necesario para poder llevar a cabo algún tipo de peritaje tanto de verificación de datos como para deslindar controversias que los proyectos pudieran tener. La figura de perito no está bien delimitada tanto a nivel federal como estatal. Se requiere de un perfil de cada posición que asegure que el proceso contara con profesionales bien calificados que logren el objetivo de que las menos controversias se presenten en estos procesos.

            Dentro de este instrumento se ha considerado que la consulta pública y los dictámenes son los elementos objetivos en donde se puede aclarar cualquier duda respecto de los proyectos. Pero las experiencias con las consultas públicas en Baja California Sur (y estoy seguro en otras partes de la Republica) nos dicen que esto ha sido más un circo mediático que un ejercicio de verdadera reflexión sobre las intensiones del promovente. Me parece que debería existir otros elementos de valoración previos que el promovente pudiera utilizar para valorar las posibilidades de su propuesta mucho antes de comenzar a invertir en estudios que no le representan apoyo en la toma de decisión. Luego se acaba con una idea equivocada sobre los interesados en la protección y conservación del ambiente perdiendo de vista los matices que esto pueda tener por los enfoques de cada organización. En este campo a nivel país brilla por su ausencia los colegios de profesionistas en Ciencias del Mar (tal vez con la honrosa excepción de las organizaciones de Oceanólogos en el estado Norte) que pudieran ser garantes en un proceso de evaluación. Tal vez el punto medular es que no se ha estimulado apropiadamente de organizaciones privadas de evaluación ambiental (como si ha sucedido con Organizaciones de la Sociedad Civil) que sean los perfiles deseables para el desarrollo de las MIA. Esto estimularía el desarrollo de profesionales en el área de conocimiento y retroalimentaría a los colegios de profesionistas, alejando la tentación de participar a las instituciones públicas que, por su perfil, pudieran tener conflictos de interés para desarrollar estas manifestaciones.

            Una MIA bien implementada podrá ser evaluada con monitoreo que evalué los impactos observados contra los predichos y así poder ajustar o modificar la mitigación planificada en cada proceso. Claro que esto representa un costo adicional que muchas veces no se quiere pagar pero si queremos SABER el estado de los ecosistemas conforme un proyecto (o  varios proyectos) es necesario tener esta valoración continua. Es por ello que en otros países se desarrollan programa de monitoreo del ambiente que mide, registra y pone a la disposición del público una serie de datos cruciales en el desarrollo del ambiente en la región. Estos son además usados por las compañías aseguradoras que trabajan con grandes empresas asegurando sus actividades y la compensación relacionada con algún impacto potencial.

            Es así que el Paradigma del Desarrollo Sustentable no son las ventanas de oportunidades que deban tener las diferentes organizaciones o empresas. Sino la forma en que logran, o no, acreditar un estudio de Impacto Ambiental debido a la falta de actualización de procesos y la visión limitada de sus alcances. Sería importante que en el dialogo permanente que deben tener todos los sectores en el país se pudieran discutir ajustes a los procedimientos actuales. Se podrían implementar sistemas de evaluación alternos que representen costos diferenciales y relativos al tamaño del proyecto pero que al mismo tiempo le den certeza al inversor, a las OSC y al gobierno que los procesos van a lograr los objetivos de la política ambiental. La experiencia acumulada en estos procesos colectivos tal vez logre que las decisiones sean lo menos controversiales y politizadas que las actuales con un beneficio neto para el ecosistema. ¡Hagamos que los ecosistemas cuenten!

¡Gracias por su atención!