Evelyn Cota Meza. Mexicana, Licenciada en Contaduría por el Instituto Tecnológico de La Paz, Aspirante a Maestra en Administración y Gestión de Negocios por la Universidad Mundial y Doctorante Internacional de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Mundial. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Resumen: 

Uno de los principales aspectos a considerar para mejorar la acción pública es el fortalecimiento de los procesos de diseño, programación, integración y ejecución del presupuesto, a partir de herramientas esenciales, principalmente, sistemas de contabilidad pública y evaluación de resultados que se orienta a la identificación del vínculo entre evaluación y rendición de cuentas, enfatizando en el rol de la primera como generadora de insumos para la segunda. Finalmente, en la última parte se exponen que tanto los mecanismos de evaluación de política como los de rendición de cuentas, han transitado por un proceso dirigido hacia la institucionalización, y que existen retos importantes para fortalecer los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, garantizar el rigor metodológico de los instrumentos, y salvaguardar la calidad e imparcialidad de la misma.

Palabras claves: diseño de objetivo, presupuesto, evaluación, rendición de cuentas y transparencia.

I.                   Introducción

Para algunas corrientes de pensamiento, el estado no debe intervenir en la economía, ya que el pleno empleo, la asignación eficiente de los recursos de la sociedad y el crecimiento económico sólo se logran a través del funcionamiento pleno y libre del mercado, y la distribución del ingreso debe resultar de una economía eficiente. El estado debe limitar sus acciones a sus funciones “clásicas”; la defensa del territorio, la seguridad nacional y la garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos.

Desde otra perspectiva, además de las funciones “clásicas”, la intervención del Estado en la economía es indispensable para garantizar el desarrollo, la equidad y la satisfacción de las necesidades sociales, ya que el mercado no garantiza el pleno empleo ni el bienestar colectivo y sólo se orienta a las actividades con fines de lucro. Se conoce como el Estado de bienestar.

Otra posición plantea que ante las fallas del mercado, es el Estado el que debe intervenir para crear las condiciones necesarias para el óptimo funcionamiento de los mercados, incluyendo el manejo de las finanzas públicas y la política monetaria para enfrentar los ciclos económicos y los choques externos.

El régimen político y la forma de gobierno de cualquier Estado se encuentran en su Constitución o norma fundacional.

La Constitución Política establece las normas fundamentales de convivencia social, los derechos y garantías de todo ciudadano y la forma de gobierno: una República representativa, democrática, laica y federal. Además, es la misma Constitución la que confiere al Estado la responsabilidad de la rectoría del desarrollo nacional, bajo los principios de integridad y sustentabilidad, desarrollo que debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, fomentando el crecimiento económico y el empleo, la justa distribución del ingreso y de la riqueza, con pleno respeto a la libertad y dignidad de los individuos.

Pero además, no basta con reconocer que el Estado tiene una función sustantiva en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social, igual o más importante es reconocer que su intervención debe ser eficaz, es decir que la acción gubernamental no se limite a contener fallas de mercado o situaciones de inequidad, sino que las políticas públicas cumplan realmente los objetivos para las que son diseñadas y la población  reciba realmente en forma equitativa los beneficios de la acción del Estado.

En el caso particular de México y a raíz de la crisis global de 2008, se hizo obligada la revisión del papel del Estado y el diseño de nuevas políticas públicas, para aceptar que se requiere una intervención en términos de evaluación, siendo necesario revisar el enfoque y proceso de las reformas, para identificar la mejor relación del equilibrio posible entre el libre mercado y la intervención del Estado; por lo que se da la introducción a la legislación de la evaluación al desempeño que fue el punto de inicio de los esfuerzos de reforma de los últimos años.

La introducción a la evaluación del desempeño es un tema innovador. En México, el monitoreo y evaluación del desempeño gubernamental no fue una prioridad durante gran parte del siglo XX. El sistema político mexicano estuvo caracterizado por un esquema de partido hegemónico durante aproximadamente 70 años. La estructura del sistema burocrático dio autonomía al Presidente de la República para la designación de los servidores públicos y su predominio de facto sobre el Congreso y los gobiernos subnacionales. Existía poca preocupación por la disponibilidad de recursos fiscales gracias a los ingresos petroleros. Este marco favoreció a un gobierno menos interesado en la rendición de cuentas o la mejora de la eficiencia y más concentrado en implementar una amplia gama de programas de acuerdo a su agenda de política pública. No fue sino hasta la década de 1980 que se hicieron esfuerzos importantes para controlar el gasto público a raíz de la crisis de la deuda (Pardo, 2000); por tanto, para ese mismo año de 2008, incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido reformada para impulsar la obligatoriedad de la evaluación del gasto público.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el marco que hace posible la intervención del Estado en la economía y establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta de la sociedad.

En el artículo 26, la CPEUM establece que el Estado “organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación”.

Para cumplir con los mandatos constitucionales, el Titular del Ejecutivo Federal debe presentar un Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas sexenales para cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal, y cada año debe presentar un proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación, que justifique los ingresos y la previsión de las asignaciones del gasto para cumplir con los objetivos, estrategias y acciones comprometidas en la planeación a mediano plazo.

El sustento fundamental de las acciones de gobierno está en los ingresos y egresos que constituyen la hacienda pública. En este marco, el destino de los recursos públicos, además de ser fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social, es un asunto de interés público, por lo cual la forma  en que se organice y distribuya el gasto público, así como su ejercicio cotidiano, deben realizarse  de manera que cualquier ciudadano interesado pueda  valorar y juzgar.

La información acerca de resultados es un concepto relativamente simple: se trata de proporcionar información que permita determinar si los programas, los organismos y los proveedores de servicios públicos cumplen sus funciones asignadas de manera efectiva y eficiente. La información sobre resultados es de larga data en diferentes países: la mayoría ha trabajado en ella durante al menos cinco años, y casi la mitad por más de diez. Gran parte de esta información se incluye en documentos sobre presupuesto, pero su sola inclusión en dichos documentos dista mucho de un PbR. Los gobiernos que deseen utilizar la información sobre resultados para formular sus presupuestos deberán encontrar la manera de incorporar los resultados dentro del proceso de decisiones presupuestarias en lugar de relegarlos al papeleo. (Anderson, 2008).

En México, para cumplir con los objetivos sexenales y fortalecer el logro de los planes de desarrollo nacional, después de diversas reformas jurídicas, en la actualidad la planeación, programación, presupuestación y evaluación del gasto público se realiza bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia, aplicando el sistema de Presupuesto basado en Resultados (PbR).

La Gestión para Resultados, viene a constituir un eje de cambio y modernización para la administración pública. La propuesta de este modelo implica hacer un redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. Esto implica la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones e  incrementar la productividad y la eficiencia de los servicios públicos que el Estado ofrece a los ciudadanos.

Con diferentes antecedentes en Latinoamérica, por ejemplo el caso Chileno en donde (Guzmán, 2005) comenta: El avance en el desarrollo y consolidación de cada uno de los instrumentos descritos, tanto de sus aspectos metodológicos como procesos de trabajo se traduce en un mayor uso de la información de desempeño, tanto en el Ministerio de Hacienda como en las instituciones. Lo anterior ha fomentando e impulsando mejoramientos de gestión en los programas e instituciones públicas como lo muestra la formulación de compromisos institucionales y su cumplimiento. A su vez ha permitido, de un modo creciente, que el ciclo del presupuesto disponga de más y mejor información, la que es  utilizada en los procesos análisis y toma de decisiones, contribuyendo además a la transparencia de la gestión presupuestaria. De este modo, se ha avanzado en la instalación de un modelo de presupuesto por resultados cuyos objetivos y elementos que lo componen  son cada vez más comprendidos y apoyados por los diferentes actores  de los que depende y se relaciona.

En términos teóricos, por ende, el PBR es una herramienta para hacer más racional el proceso de asignación presupuestaria y el logro de objetivos, creando incentivos que disminuyen las asimetrías de información entre burocracia y sociedad. Dichos incentivos también reducen las posibilidades de comportamientos oportunistas ante la presencia de un aparato público más descentralizado y con mayor autonomía de gestión y flexibilidad para responder a cambios contextuales. (Arellano, et al, 2004), citado por (Lepore, 2012).

Así, para implementar esta nueva visión, se requiere de modificaciones profundas al funcionamiento del sector público. “Hay obstáculos, experiencias vigorosas y, sobre todo, un inequívoco proceso de aprendizaje en curso, a ejemplo de otras experiencias contractuales en muchos países (destacándose Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Canadá). Ciertamente, es necesario nutrir este proceso de aprendizaje, de tal manera que los errores y aciertos puedan permitir mejores resultados y condiciones futuras”. (Martins, 2003).

En este sentido, en México se desarrollaron reformas institucionales con el propósito de dinamizar y fortalecer el quehacer gubernamental en la actual administración. Uno de los pilares estratégicos de esta Reforma tiene que ver con la adecuación y reorientación del marco presupuestario y el ejercicio del gasto público. Es este principio en el que se establecen las bases para un ejercicio mucho más transparente del gasto con una orientación hacia el logro de resultados verificables y tangibles.

El proceso de reforma de la administración pública implica la rutinización que más tarde se transforma en normas y convenciones, las cuales conforman la cultura organizacional. Pero para que una reforma de tal naturaleza sea efectiva debe incluir no solamente un cambio en las estructuras y procedimientos organizacionales, sino en el comportamiento de los administradores orientados hacia el apego a la ley. De esta manera, para que una reforma administrativa sea integral debe incluir una transformación en las reglas de funcionamiento e interacción entre los servidores públicos (Sánchez, 2009).

Con base en lo anterior, la Gestión para Resultados (GpR), se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, que pone el énfasis en los resultados (en vez de en los procedimientos). Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.

En la discusión contemporánea de la rendición de cuentas – sostiene (Schedler, 2004) – ésta es la traducción más común y más cercana del término inglés accountability, el cual en unos casos se traduce como control, otras veces como fiscalización y también como responsabilidad. Precisa dicho autor que en el ámbito político la noción de rendición de cuentas tiene, por un lado, una dimensión informativa –la obligación de políticos y funcionarios de informar acerca de sus decisiones– y otra argumentativa – de justificarlas en público (answerability)–; y por el otro, incluye la capacidad de sancionar a quienes hayan violado sus deberes públicos (enforcement). Y asimismo, la rendición de cuentas implica el derecho de los actores sociales a recibir información y explicación de quienes están obligados a informar y a justificar su ejercicio del poder (Narváez, 2008).

Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Éste último, permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión para:

• Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas
• Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, y

• Procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales. 

 

A manera de conclusión acerca de la estrecha relación entre la evaluación y la rendición de cuentas, se retoma la reforma del artículo 134 Constitucional la cual establece que “la reforma será exitosa solo si los resultados de las evaluaciones se vuelven parte de dos procesos: como insumo en la toma de decisiones para mejorar el diseño y la implementación de las políticas, o bien para realizar ajustes en las organizaciones y como instrumento para la rendición de cuentas, es decir, que la evaluación no sea solo un mecanismo de control interno de los gobiernos, sino también de vigilancia ciudadana para que la sociedad sepa cómo y en qué se gasta su dinero, para qué se utiliza y, sobre todo, qué se logra con todo ello” (Cejudo, 2009), citado por (Gris, 2012).

En el caso del presupuesto por resultados, donde el objetivo principal es aumentar la eficiencia y efectividad del gasto más que el lograr soluciones financieras de corto plazo, quizás en lugar de ser los países más acuciados los que introducen este tipo de reformas son en cambio aquellos con una situación fiscal más sólida y que pueden moverse de las soluciones de corto plazo a pensar en los problemas de eficiencia y efectividad. Por supuesto, la relación puede ser tenue ya que si bien un déficit alto no permitiría avanzar con los presupuestos por resultados (condición necesaria), una posición fiscal holgada no implica que los actores políticos lo introduzcan (no es condición suficiente), (Gabriel Filc y Carlos Scartascini, 2012).

Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas.

II.                Metodología

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica por tipo estratificado, es decir se realizó una encuesta y se le dieron opciones múltiples a los encuestados para realizar sus respuestas, estas podían variar entre dos y cinco; el diseño de las preguntas se hizo encaminado a saber si conocen los aspectos básicos, antecedentes, así como los objetivos de manera muy generales y sin grado de dificultad para que cualquier persona seleccionada que cumpliera el requisito de ser servidor público de la administración pública del estado de Baja California Sur, pudiera darle respuesta. El total de las preguntas fue de 30.

Se realizó la captura en el programa de cálculo Excel, de las 30 preguntas -nombre de la variable- en donde a cada una de ellas se les proporcionó un código variable y a las respuestas múltiples un código respuesta. Asimismo se realizó un estudio cuidadoso de todas las variables para cruzar dos de ellas, se determinó un total de 15 cruces para que con esto nos arrojara un esquema para dar respuestas y conclusiones de investigación.

La muestra de población fue de 30 participantes.

La población fue de servidores públicos relacionados en su mayoría con el proceso de planeación, programación y/o presupuestación de los recursos públicos.

El 50% de los participantes servidores públicos no llevan más de 5 años en la administración pública,  23.34% tienen entre 6 a 10 años, el 16.66% más de 15 años, y finalmente el 10% entre 11 y 15 años.

Una vez realizadas las 30 encuestas se procedió hacer la captura de las respuestas en el software estadístico IBM SPSS, posteriormente y - de acuerdo a los cruces determinados anteriormente – se realizaron tablas de contingencias en donde nos arrojó datos de las dos variables para proceder a graficar en el programa de cálculo Excel.

El estudio de dichas variables es el que a continuación se presenta.

 

III.             Resultados

 

Conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo

Respecto al grado de conocimiento de los servidores públicos del Plan Nacional de Desarrollo, en relación a la antigüedad de servicios laborados dentro de la administración pública.

Del grupo encuestado 15 personas tienen de 1 a 5 años de antigüedad en la administración pública, sin embargo el 33% desconoce totalmente el Plan Nacional de Desarrollo, de las 7 personas que tienen entre 6 y 10 años de antigüedad el 43% desconoce el PND, para las personas que tienen laborando más de 11 años, solo el 13% dice no conocer el PND, por lo que se puede determinar que está relacionado el conocimiento PND con los años de antigüedad en el gobierno.

 

Objetivos alineados al PND

Si los servidores públicos tienen conocimiento de si los objetivos de la dependencia en la que están adscritos están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

Del 100% de los servidores públicos encuestados, el 56.67% dice que si conoce el Plan Nacional de Desarrollo y de estos el 5.88% dice que la dependencia no tiene objetivos establecidos; del 30% que desconoce el tema del PND el 11.12% de ellos también desconoce si hay o no hay objetivos establecidos en su dependencia donde labora; finalmente del 13.33% dice no conocer.

 

Conocimiento del PBR

Las variables relacionadas que determinan el conocimiento del Presupuesto Basado en Resultados son, desde cuando trabaja en la administración pública y si han escuchado hablar del PBR.

Del 100% del grupo encuestado solo el 7% no ha escuchado hablar del Presupuesto Basado en Resultado, y este porcentaje es de los servidores públicos que solo han laborado menos de 5 años en la administración pública.

  

El PBR, como una herramienta efectiva

Muestra si los servidores públicos encuestados consideran que el PBR es una herramienta efectiva para mejorar la calidad del gasto público y si este, tiene relación con el impacto social y económico del gasto público.

En base a la gráfica, se puede determinar que del 80% (24 del total) considera que si se tiene un impacto social y económico en el gasto público, mientras que el 87% (26 del total) considera que el PBR puede ser una herramienta efectiva para mejorar la calidad del gasto público.

 

Estudio de objetivos

 Muestra la relación de si se cuenta con un área responsable de establecer objetivos dentro de la dependencia donde laboran y si estos se estudian constantemente.

De la muestra seleccionada 25 personas laboran en el Gobierno Estatal, 3 en el Municipal y solo 2 en algún Órgano Autónomo de la administración pública, del total solo 30% saben que se estudian constantemente los objetivos en sus dependencias, existe otro 30% dice que no se estudian constantemente los objetivos; mientras que el 37% no sabe si se estudian o no; finalmente el 3% no dio respuesta la pregunta.

 

Áreas responsables

Muestra la relación de la existencia de un área responsable de establecer los objetivos y si estos están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

El 33% de los servidores públicos encuestados dice que regularmente se alinean los objetivos del PND con los programas que de él se derivan, sin embargo el 27% dice desconocer si existe un área responsable de establecer objetivos.

 

Procesos de mejora

Si se estudian constantemente los objetivos establecidos y si los resultados en base a indicadores de los programas así como las evaluaciones realizan un proceso de mejora continua y los toman como base en las decisiones presupuestarias.

El 77% de los servidores públicos encuestados opinan que es verdadero el hecho de que si los resultados se midieran en base a indicadores, así como las evaluaciones estas realizaran un proceso de mejora continua en los programas y en las decisiones presupuestarias que toman en la administración pública, sin embargo de ellos el 23% dicen desconocer si los objetivos se estudian constantemente en su dependencia; por lo que resulta difícil que se llegue a tomar una decisión presupuestaria realista si se desconoce el estudio de dichos objetivos.

 

Medición y efectividad

Las variables para esta gráfica serán el estudio constante de los objetivos y si la medición de estos permite determinar la efectividad en su logro.

Derivado de la muestra seleccionada arroja lo siguiente, 27 personas que representan el 90% dicen que es verdadero el hecho de que si se permite determinar la efectividad con el logro de los objetivos, el 3% dice que esto es falso y el 7% no dio respuesta a la pregunta; si lo cruzamos con la variable del estudio constante de objetivos establecidos del 90% de las que dicen que es verdadero, el 30% dicen que si se estudian los objetivos, el otro 30% no sabe y el porcentaje mayor con 37% desconoce si estos se estudian constantemente.

 

Calidad en el gasto publico

Si los objetivos miden la calidad en el gasto, podría ser una herramienta efectiva para el PBR.

De la muestra seleccionada, el 60% considera que la calidad mide el grado de cumplimiento de los objetivos, y al cruzar esta variable con la del PBR como una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida, solo el 50% de ellos afirmaron como verdadero este supuesto; por lo que se puede deducir que de los servidores públicos que consideran la calidad en el cumplimiento de objetivos solo la mitad cree en el PBR como una herramienta factible para el cumplimiento de estos.

 

Evaluación y asignación de recursos

Si se evalúan los resultados, estos propician que se tomen en cuenta en la asignación de recursos, y que continuamente se mejoren las políticas, programas y el desarrollo de las instituciones.

Los servidores públicos en un 64% considera que si o que en la mayoría de los casos cree que la evaluación de resultados del ejercicio de los recursos, propician que estos se asignen tomándolos en cuenta; al relacionarlo con la variable si creen que el PBR,  vincula el presupuesto con la mejora continua de las políticas, de los programas, del desempeño de las instituciones y de la calidad del gasto público respondieron supuesto en un 93% como verdadero.

 

Marco jurídico y normativo con calidad

Conocer si el marco jurídico y normativo tiene congruencia y sirve como base para definir los objetivos y a su vez si estos ayudan a medir la calidad o eficiencia.

73% de los encuestados creen que como verdadero que la eficacia mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa, sin embargo solo el 20% creen que esto es falso lo cual es correcto ya que la calidad es la que mide los atributos, propiedades o características; el 7% no dio respuesta a la variable. 67% del total de servidores que creen que es falso la variable anterior dicen que los objetivos de los programas se definen con base y en congruencia con el marco jurídico y normativo.

 

Medición del impacto real

Se determinaron dos variables la asignación de los recursos presupuestarios para definir el nivel real alcanzado (objetivos) y si los resultados precisan el tipo, magnitud y sentido de la transformación, impacto o beneficio que se prevé lograr.

Del total de los encuestados, el 83% dice que es verdadero que los resultados precisan el tipo, magnitud y sentido de la transformación, impacto o beneficio, de ellos solo el 56% considera como verdadero que la asignación de recursos presupuestarios tanto los objetivos como los resultados esperados, definen el nivel real alcanzado, mientras que el 28% dice que no se definen los objetivos o los resultados esperados cuando se asignan los recursos presupuestario; el 13% desconoce.

 

Impactos en la sociedad

La trascendencia para la sociedad de hablar del gasto público y el sistema dinámico que integra el ejercicio del gasto.

Del total de los servidores públicos encuestados sobre los objetivos, los resultados, los programas, el presupuesto y los indicadores, integren un sistema dinámico y abierto, el 37% creen que se debe traducir concretamente en la calidad de vida en la población objetivo, lo cual es correcto porque este es el fin que se persigue; sin embargo un 37% igual creen que el objetivo es rendir cuentas publicas reales y un 23% piensa que es la transparencia en la información; de esta muestra el 77% dice que la calidad con la que un gobierno ejerce su gasto público es un mensaje de gran trascendencia para la sociedad, por el contrario de un 23% que cree que no lo es.

 

Información de apoyo en toma de decisiones

Conocer si los resultados en base a indicadores y las evaluaciones se miden claramente y proporcionan información que apoya en la toma de decisiones presupuestarias.

Un 77% del total considera como verdadero que los resultados medidos en base a indicadores, así como las evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua de los programas sirven de apoyo en las decisiones presupuestarias y de este 77% el 96 % también creen como verdadero que el PBR vincula el presupuesto con la mejora continua de las políticas, de los programas, del desempeño de las instituciones y de la calidad del gasto público y que de igual forma se considera para el resultado de las evaluaciones; un 13% determino falso para esta variable y  un 10% no dio respuesta.

 

Mejora de políticas y programas

Si los indicadores son específicos, cuantificables, medibles y determinados en el tiempo, proporcionarán resultados que apoyen las decisiones presupuestarias y además a la mejora continua de políticas y programas.

87% de los servidores públicos encuestados creen que si es verdadero que los indicadores pueden ser específicos, cuantificables, medibles y determinables en el tiempo, pero el 19% de estos considera que aun así los indicadores no proporcionan información que apoye las decisiones presupuestarias y la mejora continua de políticas y programas, el 3% no dio respuesta las dos preguntas.

IV.             Conclusión

En el presente trabajo que tuvo como finalidad conocer si los servidores públicos están realmente capacitados y motivados en establecer innovadoras políticas púbicas.

Los 8 años (2008 a la fecha) de ejecución de la evaluación de programas públicos en México, de los indicadores de desempeño y del Presupuesto Basado en Resultados permiten obtener una serie aprendizajes, lo que se complementan con la mirada de la experiencia de otros países de Latinoamérica como lo comentamos con la autora del caso chileno Marcela Guzmán en 2005, en el Gobierno de Chile, la aplicación de sistema de evaluación y control de gestión, orientando el Presupuesto hacia resultados.

En este sentido, es de particular relevancia que la implementación de los sistemas de evaluación y control de gestión esté institucionalmente cerca del proceso presupuestario, no sólo debido a sus efectos positivos sobre el trabajo de formulación y ejecución del Presupuesto, sino también porque la percepción de que los resultados de las evaluaciones y del cumplimiento de las metas de los indicadores podrían tener un efecto en la asignación de los recursos, refuerza el compromiso de las instituciones evaluadas e incrementa la probabilidad de que las recomendaciones surgidas de dicho proceso sean efectivamente implementadas.

Lo anterior, lo podemos constatar con los análisis realizados a los servidores públicos encuestados en un 77% de sus respuestas dijeron como verdadero que los resultados medidos en base a indicadores, así como las evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua de los programas sirven de apoyo en las decisiones presupuestarias.

A través de las evaluaciones realizadas ha quedado en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de información de los programas e instituciones, y el PBR viene hacer la herramienta en el proceso de asignación presupuestaria, de modo que pretende entregar en forma oportuna y confiable la información necesaria para evaluar sus resultados como se comentó anteriormente con los autores Arellano y Walter Lepore en su documento Presupuesto Basado en Resultados México, y sus dilemas organizaciones; en este sentido; tomando en consideración la presentación de programas al Presupuesto ha permitido realizar revisiones de ciertos elementos del diseño de los programas, especialmente en lo relacionado con una clara definición del problema que se pretende resolver, de la población objetivo que se pretende alcanzar, los resultados e impactos que se quieren lograr sobre ésta y la situación inicial de la población objetivo respecto de estos resultados. Si nos regresamos al análisis integración de un sistema dinámico, los servidores públicos encuestados sobre los objetivos, los resultados, los programas, el presupuesto y los indicadores, integren un sistema dinámico y abierto, el 37% creen que se debe traducir concretamente en la calidad de vida en la población objetivo, lo cual es correcto porque este es el fin que se persigue; siempre tomando en cuenta que un 37% igual creen que el objetivo es rendir cuentas publicas reales – incorrecto pero no por ello no importante o fundamental en la administración pública -; se debe tener en claro para todo administrador público y no perder el enfoque de que se podrá al tener cuentas públicas reales o trasparencia en la información pero no perder jamás el objetivo principal que es que la población objetivo o sea los ciudadanos sean beneficiados, con esto podemos resumir que es de trascendental importancia que las personas que ejercen la toma de decisiones en las finanzas públicas tengan un enfoque certero del porque y para qué es el cambio organizacional que tanto anhela el México actual, con esto hago referencia nuevamente en lo que  José Juan Sánchez González nos dice “para que una reforma administrativa sea integral debe incluir una transformación en las reglas de funcionamiento e interacción entre los servidores públicos”.

 La creación de la Evaluación de Programas permitirá no sólo comenzar a realizar las primeras evaluaciones experimentales, sino que reforzar la implementación de líneas de base de los programas y de sistema de seguimiento y monitoreo, haciendo sinergia con la presentación de programas al Presupuesto y la asistencia técnica.

Como es sabido, el resultado de las políticas públicas por lo general depende de la acción de varios programas, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar hacia metodologías de evaluación más integrales, que permitan captar el efecto conjunto de varios programas o instituciones sobre un determinado resultado de política. Es por esto que el Presupuesto Basado en Resultados comenzó con la evaluación en forma concreta el impacto de los programas federales, es decir programas de beneficiarios o acciones concretas que la administración pública se propone como objetivos previamente establecidos.

México ha avanzado rápidamente en el establecimiento del PbR, sin embargo, se requiere continuar con las actividades de evaluación para que cada vez sean más los resultados tangibles alcanzados con el nuevo sistema.

El Sistema de Evaluación al Desempeño es un medio para lograr el Presupuesto Basado en Resultados, ambos a su vez, son medios para convertir en realidad el fin que establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución; en esta relación de medios afines es necesario reducir los obstáculos que impiden la implantación plena de estos.

Persiste el desafío de avanzar en otro tipo de mecanismos que premien la gestión de los servicios públicos, como puede ser otorgar a las instituciones con máximo cumplimiento de accesos mayores al grado de flexibilidad en la administración de sus recursos, eliminando ciertas restricciones presupuestarias. Este es uno de los requisitos que permitirá continuar avanzado en la calidad de la gestión.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática establecido en los artículos 25 y 26 de la Constitución representa un ideal permanente por alcanzar, que consiste en una distribución equitativa de la riqueza entre los mexicanos que les permita su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos. Los planes nacionales de desarrollo, sus programas y los presupuestos, son medios para alcanzar esa finalidad.

 

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